El descalabro institucional y ético que causó la cuestión minera en la Universidad Nacional de Tucumán a partir de la administración del ex rector Juan Alberto Cerisola sigue teniendo efectos en nuestros días. Acaba de ser traído de nuevo a la luz pública con el procesamiento dictado por el juez federal Fernando Poviña a 22 empresarios que participaron en las obras llevadas a cabo en el período de 2006-2009 y habrían cobrado sobreprecios. Por ellas y por el manejo de $353 millones de regalías mineras (unos 85,5 millones de dólares al cambio de esa época) esperan juicio oral Cerisola y sus ex colaboradores Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino.

Un sueño de décadas

La UNT pasó décadas sin problemas con la minería y, al contrario, soñaba con que sus efectos se derramarían, virtuosos, sobre la infraestructura de la UNT del futuro, desde que Abel Peirano, descubridor del yacimiento Farallón Negro en Catamarca, legó sus derechos a la Casa de Altos Estudios. Cuando en 1958 se sancionó la ley 14.771, que creaba Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), con tres socios -Catamarca, la Nación y la UNT-, y establecía que el 40% de las regalías debían ir a la UNT y estar destinadas a la construcción de la Ciudad Universitaria, quedó organizado ese sueño. Ya estaba toda la obra ambiciosa que se había montado durante la gestión de Horacio Descole, a fines de los 40 y comienzos de los 50 -las casas y laboratorios de Horco Molle y San Javier, el monumental (e inconcluso) edificio que domina el cerro, la base de la estructura del teleférico-, todo pensado para una pujante sede de estudios que iba a ser un faro en Latinoamérica. La falta de plata de los 50 -y después del golpe de Estado- dejó en suspenso el sueño, revitalizado con la ley de 1958. Era tan fuerte que en los 60, cuando se construyó la Quinta Agronómica, durante la gestión de Eugenio Flavio Virla, se la llamó “localizaciones universitarias”  y no se tocó la idea de “ciudad”, que seguía siendo promesa de futuro.

Regalías y ambición

Mientras YMAD no daba dividendos y apenas era una empresita mantenida medianamente “allá lejos”, en Catamarca, y manejada en general por gente del Gobierno de esa provincia, hubo pocas noticias, con alguna que otra sorpresa menor. Pero cuando comenzó la gran minería en la presidencia de Carlos Menem, con la Minera Alumbrera, se revitalizaron los sueños en la Universidad siempre necesitada de dinero. Las primeras utilidades llegaron en la gestión de Mario Marigliano y el flujo se hizo intenso en la de Cerisola. Fue tanta plata que el rector CPN imaginó formas de distribuir ese río derivado del oro y así el 2 de enero de 2008 (mientras todo el mundo estaba de vacaciones o en las secuelas de los festejos de fin de año) firmó un acta en YMAD por la cual declaraba concluida la Ciudad Universitaria y cambiaba el destino de ese 40% de regalías, que había tenido un fin específico por ley. A partir de entonces, un 20% iría para las otras universidades y otro 20% quedaría para la UNT, “de libre disponibilidad”, es decir para lo que el rector (o quien decida) dispusiera. Cerisola diría después que todo se hizo con conocimiento del Consejo Superior, al cual le presentó un plan de obras, pero lo cierto es que a partir de 2014, durante la gestión de Alicia Bardón -que había sido vice de Cerisola- comenzó a hacerse carne que había habido algún tipo de maniobra en este asunto. Fue cuando llegó el geólogo Florencio Aceñolaza -ex delegado de la UNT en YMAD- y reveló que la Universidad había dejado de percibir 500 millones de pesos desde la firma del acta de 2008.

Cargo de conciencia

Para entonces, también, además de la fiebre del oro generada por las regalías mineras, la UNT padecía el cargo de conciencia por las denuncias sobre efectos contaminantes de la minería, de  la que era partícipe. Ya se preguntaban muchos si era ético que la casa de los pies en la tierra y la mirada en el cielo interviniese en este asunto.

El juicio contra Cerisola -que no se sabe cuándo se realizará, ni si realmente se podrá realizar, porque por ahora no hay jueces para llevarlo a cabo en la Justicia Federal- volverá a revolver ese pasado atravesado por el pecado de la codicia y tendrá como protagonistas no sólo a Cerisola sino a buena parte de sus funcionarios -muchos de los cuales siguen en funciones- que deberán dar su testimonio. Y el otro proceso, contra los empresarios, revolverá la esencia de muchas firmas que trabajan en la construcción en nuestro medio, ya que el fiscal Carlos Brito las investigó para ver si hubo anomalías como “cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra y facturación apócrifa”. De allí surgieron los procesamientos y los embargos dictados por el juez Poviña, y eso podría transformarse en otra megacausa por presunta corrupción vinculada a la de Cerisola y sus tres colaboradores.

Desafíos y riesgos

Eso va a ser cosa juzgada (más bien, a juzgar). La UNT ahora tiene que definir qué va a hacer a futuro con las secuelas del descalabro cerisoliano y cómo va a evitar desbarrancarse éticamente otra vez frente a los nuevos desafíos: ahí está esperando el nuevo emprendimiento minero de Agua Rica, que propone utilizar las instalaciones que dejó Minera Alumbrera y que pertenecen a YMAD . En esto persisten los escollos que vienen desde lo más profundo de los conflictos que tuvo la Universidad con la cuestión minera, que estallaron con el acuerdo firmado en YMAD en octubre de 2019 para aceptar el nuevo emprendimiento, que fue repudiado en el Consejo Superior. Fue tan grande el escándalo que se crearon tres comisiones para estudiar los aspectos legales, económicos y sociales derivados del tratamiento que la UNT le dio a la cuestión minera. Sus conclusiones se expusieron el año pasado en dos sesiones secretas. En ellas se habló de la falta de control de la Universidad en todo este asunto, de la gran división que hay en la población de Andalgalá entre la ilusión de mejora económica y laboral y el temor a la contaminación del agua, y de las dificultades para analizar los pros y contras legales por falta de datos. También se explicó sobre el acuerdo con el gobierno de Catamarca y con YMAD para levantar la querella que hizo la UNT para anular al acta de 2008 y retrotraer en los hechos la recepción de futuras regalías con el 40% destinado a la Ciudad Universitaria, como manda la Ley 14.771. Una de las últimas cosas que iba a hacer el ex rector José García en 2021 era ir a informar a las otras Universidades argentinas -a las que les correspondía el 20%  desde 2008- que no iban a recibir fondos futuros. Pero no se sabe si fue aprobada en YMAD y en Catamarca la propuesta que salió del Consejo Superior.

Ciudad a reformular

Lo único que por ahora parece claro es que la idea de Ciudad Universitaria de Descole ya no volverá, según dijo el nuevo rector, Sergio Pagani, en su reciente entrevista con LA GACETA: “No vamos a pensar ya una Ciudad Universitaria en San Javier. Tenemos que reformularla y ahí orientar los esfuerzos edilicios y ahí algún dinero que venga de la minería”. De todo esto se hablará en la sesión del martes que viene en el Consejo Superior. Será para alquilar balcones.